La Asociación de Periodistas de Corrientes (APC), entidad de primer grado, afiliada a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), expone y repudia un nuevo intento de censurar la actividad periodística en la provincia de Corrientes. Esta vez, por parte del juez Civil, Comercial, Laboral y de Menores de Ituzaingó, Corrientes, Claudio Darío Garay.

 

Es sorprendente que, en plena Democracia, violando la Constitución nacional y los tratados internacionales referidos a la libertad de prensa y de expresión, un magistrado aparezca nuevamente en el escenario pretendiendo limitar el accionar de los medios de comunicación. Particularmente ahora en la ciudad de Ituzaingó, donde el mencionado juez Garay dictó, el 10 de abril último, una resolución mediante la cual ordena la “prohibición absoluta de exponer, difundir, publicar y/o divulgar por cualquier medio, ya sea gráfico, radial, televisivo o bajo cualquier otro formato, como internet, diarios, portales digitales o redes sociales, datos, informaciones o imágenes respecto del niño MNR, y de los hechos, circunstancias, medidas de prueba y diligencias practicadas en las causas que se llevan adelante por ante este Tribunal…”.

 

Este caso del juez Garay se suma a otros registrados en los últimos dos años en territorio correntino -Gobernador Virasoro (2022) y Santa Lucía (2023)-, oportunidades en que quienes deben impartir justicia toman medidas que cercenan no sólo los derechos de los periodistas y trabajadores de prensa a informar y a trabajar, sino también los de la comunidad a ser informada a través de todos los medios a su alcance.

 

Evidentemente, este magistrado desconoce, o más bien pasa por alto, derechos consagrados en la Constitución Nacional hace más de 170 años; abriendo una vez más el debate sobre los límites de la Justicia en su accionar sobre los demás poderes del Estado o sobre la ciudadanía misma, que posee, y exige que se respete, su derecho a estar informado.

 

Y no solamente eso, pues también los medios de prensa y la ciudadanía cumplen un rol fundamental cuando aportan información cuando se trata de hallar o esclarecer un caso relacionado a un menor de edad. Como el de marras, que se trata del supuesto secuestro del un menor, por parte de su madre, quien, luego de días prófuga, fue hallada en Ituzaingó junto al niño.

 

Desde la APC, se volvió a cuestionar si la censura es una medida efectiva para proteger la identidad de un menor, ya que existen otros mecanismos legales para garantizar su anonimato. Y en ningún caso, los periodistas y los medios de comunicación hicieron caso omiso a la legislación vigente.