Durante un operativo de inspección laboral realizado en el departamento de Ituzaingó, provincia de Corrientes, se detectaron claros indicios de trata laboral en un establecimiento dedicado a la forestación. El operativo de rastrillaje detectó en el establecimiento Don Francisco del Paraje Vedoya, a 40 trabajadores viviendo a la intemperie en carpas negras de plástico, sin baños, sin cocina, sin servicios básicos y en pésimas condiciones de habitabilidad.
Además, se comprobó que los trabajadores fueron trasladados desde la provincia de Misiones hasta el establecimiento forestal para realizar tareas de plantación y raleo en forestación por la misma empresa.
La inspección se realizó el miércoles 30 de agosto, con la presencia del delegado Región NEA del Comité de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, José María Serbín; junto al delegado provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Roberto Cafferata y al delegado de la seccional Ituzaingó, César Garay; inspectores de organismos nacionales de control y fiscalización.
Desde la delegación NEA del Comité contra la Trata se detalló que "se detectaron claros indicios de explotación laboral, debido a que viven en condiciones inhumanas, sin servicios básicos, como energía eléctrica o agua potable; están fuera de la escala salarial y con jornadas extensas sin días de descanso".
Los trabajadores realizaban sus tareas sin las debidas condiciones de seguridad e higiene, sin ropa de trabajo ni elementos de protección, y expresaron que el empleador les descontaba los alimentos y el valor de las herramientas.
Asimismo, en otros establecimientos que funcionan bajo la modalidad de cooperativa, se comprobó nuevamente un posible fraude laboral. Los trabajadores declararon que son monotributistas y reciben sus haberes a través de pagos con tarjetas, pero nunca participaron de una reunión de asamblea y desconocen a los responsables de la "Cooperativa Crear Mi Casa".
Los organismos inspectores han realizado en los últimos años sendos operativos con allanamientos y los trabajadores relevados víctimas de explotación accedieron a prestaciones y restitución de derechos por parte del Estado nacional.