El Tribunal Oral Federal condenó a ocho años de prisión a Enrique Dell’Ortto, por administrar un local nocturno en Ituzaingó donde explotaba sexualmente a tres mujeres víctimas de trata. Ademas, le decomisaron el local “Eros”, que estaba habilitado desde 2005. 

 

La pena se ajustó al pedido del fiscal Carlos Schaefer y Gabriela López Breard, quienes contaron con la colaboración de Protex. Según las investigaciones, podría haber una cuarta víctima que habría sido derivada a otro local a cargo del mismo acusado en otra provincia. El fallo fue dictado por el TOF de los jueces Lucrecia Rojas, Fermín Ceroleni y Víctor Alonso. 

 

El imputado, Enrique Ricardo Dell’Ortto, es un hombre de 60 años oriundo de la Provincia de Buenos Aires, pero administraba el local nocturno “Eros” en Ituzaingó, donde fue detenido el 17 de diciembre de 2016 fueron rescatadas tres mujeres que eran obligadas a prostituirse. 

 

El fiscal del juicio, Carlos Schaefer, marcó en su pedido de elevación a juicio que una de las rescatadas del tugurio administrado por Dell’Ortto era de nacionalidad paraguaya y estaba indocumentada, mientras que las otras dos víctimas eran oriundas de la provincia de Misiones. 

Las averiguaciones habían sido desarrolladas por la Policía Federal Argentina, e incluyeron tareas de vigilancia e incursiones en el lugar que permitieron descubrir cómo operaba el sospechoso. 

 

Durante la investigación, una de las víctimas relató que el acusado “nos guardaba la plata” y que sus ingresos provenían de una comisión por tragos que se servía a los clientes en el local de la ciudad ubicada a 240 kilómetros de la capital correntina. 

 

En su declaración, la víctima contó que cada tres meses eran obligadas a realizarse un análisis de sangre “y vaginales, y los presentaban en la Municipalidad”. 

 

Según los documentos de la Comuna, el acusado solicitó la habilitación del local en 2005, donde los pases sexuales oscilaban entre los 400 y los 1.500 pesos, según consta en la causa. 

 

Lo que expuso la víctima revelaría que las autoridades locales conocían el funcionamiento del prostíbulo y pudieron haber amparado las actividades de explotación sexual.